AUSENCIA DE REPRESENTACIÓN (15/set/2021)

 

“Si la Patria es el Otro, por qué no dejamos que la Patria elija a sus representantes”.

 

La Democracia, como sistema de organización política y social de un país, sabemos que es imperfecta y que conlleva tantas debilidades como el factor humano le impone. Pero también contiene en sí misma la solución para superar esas debilidades, simplemente aplicando más democracia tendiendo a fortalecer las instituciones que resultan de esa democracia y, en nuestro caso, de la República a través de la cual se realiza.

Todos sabemos que desde 1853 en adelante, hemos adoptado para nuestro gobierno la forma republicana, representativa y federal (Artículo 1 de la Constitución Nacional); y a partir de esa forma representativa, convenimos que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas per se; y que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. (Artículo 22 de la Constitución Nacional).

Pero de acuerdo a los hechos, cabe preguntarse: ¿qué sucede cuando los representantes no cumplen su rol y función de representar al pueblo?; ¿qué ocurre con el pueblo cuando en una forma representativa no existe la representación? Se produce una anomalía institucional que se naturaliza con el paso del tiempo, configurando una ilegalidad tolerada, carente de toda legitimidad.

El camino de la representación.

Recordemos, hurgando un poco en la historia, que el ser humano común aparece como protagonista toda vez que fue necesario utilizarlo “teniendo como objetivo un fin superior”. Así ocurrió en las colonias británicas instaladas en América del norte, cuando los comerciantes se revelaron a las exigencias impositivas de la Corona, independizándose de ésta, creando su propia soberanía sobre la base de este nuevo pueblo de “hombres libres”.

Indudablemente la efervescencia revolucionaria estaba en el aire de la época como un virus pandémico. Trece años después de la declaración de autonomía y soberanía propia de los comerciantes norteamericanos, los burgueses franceses hicieron su parte. Pero al hacerlo desde el propio territorio del monarca, y no desde una colonia, decidieron discutir y poner en tela de juicio la mismísima monarquía y la legitimidad del origen de su Poder.

Los monarcas detentaban su Poder por voluntad y gracia de dios. Obviamente para que esto fuera así necesitaban de la complicidad de los representantes de dios en la tierra, que tenían su sede santa en Roma. Los burgueses, más proclives a creer más en el dinero y las ganancias que en cualquier divinidad, plantearon que ese origen del Poder para gobernar carecía de legitimidad, colocando esa legitimidad en manos del pueblo, a quien ungieron como soberano y única fuente legítima de Poder, eligiendo representantes para gobernarse a sí mismos. Obviamente que esta delegación era un eufemismo ya que quienes tendrían el primer derecho a gobernar serían los que encabezaron la revolución, arrogándose el derecho de “representar” al pueblo.

En esta oportunidad no sólo avanzaron sobre el rol del pueblo en cuanto a su carácter de soberano, sino que, además, se establecieron los Derechos Universales del Hombre bajo los preceptos de Libertad, Confraternidad, equidad e igualdad, y cedo a la tentación de agregar Justicia Social. Casi se hacen peronistas, pero el general aún no había nacido.

Algún escéptico debe haber argumentado en la época que arrebataron de la voluntad de un dios que no existía el Poder de otorgar soberanía, para colocar este Poder en manos de un pueblo soberano, que tampoco existía como tal. Dejando la sensación que para hacerse del Poder era imprescindible justificarse en cosas que no existían. Pero si lo expresó en voz alta seguro perdió la cabeza por pensar feo.

Desde aquel entonces, la representación del pueblo (salvo honrosas y destacables excepciones) es una farsa, una simple parodia institucional.

Institucionalmente, republicanamente, en nuestro país, provincias y municipios, establecemos gobierno sobre la base de tres Poderes pilares institucionales: el Ejecutivo, elegido por el pueblo en forma directa para que administre los recursos del Estado en beneficio del conjunto; el Legislativo, también elegido por voto directo del pueblo en porciones proporcionales de los distintos partidos políticos, que tiene a su cargo establecer el marco legal para el desempeño del Poder Ejecutivo, y de todos los habitantes de la República, y son los que hablan por el pueblo; y por último, el Poder Judicial, que no son elegidos por nadie (quedaron enraizados desde nuestro pasado monárquico, ¿tal vez los haya designado algún dios?).

La representación del pueblo ha quedado acunada, y acuñada, en el Poder Legislativo. A nivel nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Representantes directos del pueblo. El caso de los Senadores en un caso especial porque en la práctica no representan a los pueblos de las provincias (como sí lo hacen o deberían hacerlo los diputados nacionales) sino institucionalmente a las provincias. Razón por la cual cada provincia cuenta con tres senadores independientemente de la cantidad de habitantes que tengan.

A nivel provincial, los diputados provinciales por distrito y por pueblo (¿?). Y en lo comunal, los concejales.

Los representantes hoy

Decíamos que el tema de la soberanía popular no nació como una exigencia del pueblo en sí mismo, sino como un argumento de aquellos que se apoyaron en el pueblo, buscando en ese apoyo la legitimidad en su reclamo del Poder, en las revoluciones que se oponían al Poder de las monarquías. O sea que, desde el vamos y en principio, el concepto de la soberanía popular en cuanto a quien detenta el verdadero Poder es el pueblo, fue primero un argumento para oponerse al rey; no fue un argumento o un objetivo para realmente darle el Poder al pueblo.

Entonces, y superando a saltos la historia, ¿a quiénes reconocemos como representantes hoy? A aquellos que elegimos.

Elegimos tres categorías de representantes en nuestra República Argentina. Por un lado, elegimos a nuestros representantes directos. ¿Quiénes son los representantes directos del pueblo?, los que hablan por el pueblo?; los diputados, ya sean nacionales o provinciales, y los concejales a nivel local. A nadie más. ¿Por qué?, porque más allá de que también elegimos senadores, estos no representan en forma directa al pueblo, sino que representan en el Congreso de la Nación, en una cámara distinta, a sus provincias. Por eso, independientemente de la cantidad de habitantes, todas las provincias cuentan con tres senadores cada una, que las representan en el Congreso de la Nación; y funcionan en relación directa con los gobiernos provinciales. Por otro lado, otra de las categorías que elegimos, son a aquellos que van a tener como función específica administrar los recursos de todos, los recursos públicos, los recursos del Estado, como ejecutores de las políticas públicas enmarcados dentro de los parámetros establecidos por los representantes directos del pueblo y los representantes de las provincias toda vez que se ponen de acuerdo en forma mayoritaria en el Congreso de la Nación. O sea, cuando se elige un presidente de la Nación, cuando se elige un gobernador de la provincia, y cuando se elige un intendente municipal, no se está eligiendo un representante, sino que estás eligiendo un gerente para tu empresa (que es el país, la provincia y el municipio), para que administre los recursos públicos, obviamente, en beneficio del pueblo, que en definitiva es el dueño de todas las cosas públicas.

Entonces aquí queda claro que, si bien actúan en representación del pueblo, los Ejecutivos no son representantes de este, sino que son mandatarios por delegación de Poder; son empleados del pueblo, quienes reciben, o deberían hacerlo, el mandato de cómo deberían administrar los recursos del Estado. En cuanto al valor del mandato, hay tela para. Porque el pueblo no gobierna ni delibera, salvo a través de sus representantes. Gobernarse a sí mismo, sería detentar la función del Ejecutivo, manejando el pueblo sus propios recursos y esto no sólo no te lo permite la Constitución, sino que conlleva una imposibilidad práctica: la de resolver en un Estado de asamblea permanente.

Como ejemplo podemos ver que, en una empresa, en un sociedad anónima, no son todos los socios los que participan de la administración, sino que eligen un directorio y ese directorio tiene un presidente que es elegido por los socios. Acá, el esquema sería exactamente el mismo, lo que sucede es que, en una empresa, los socios tienen el Poder de remover en cualquier momento al gerente, al director o al directorio completo, toda vez que no estén cumpliendo con la tarea fundamental de obtener beneficios para el conjunto. Obviamente, los objetivos del Estado y los de una empresa, no sólo son distintos sino también, la mayoría de las veces, diametralmente opuestos. Imaginemos sólo por un momento si en esta democracia se pudiera hacer de esa manera. O sea, ejercer la democracia un poquito más en forma directa o semidirecta. No de manera tan indirecta tal como se hace en la actualidad.

Obviamente, como los que se benefician con la práctica de la democracia tal como está son los representantes que forman toda una casta, a través de los partidos políticos, son los que deberían o tendrían a su cargo la creación de leyes y mecanismos de democracia semidirecta para ir marchando, para ir creciendo hacia la democracia más directa posible. Es sabido y cae de maduro que los defectos y dificultades de la democracia se solucionan y subsanan con más democracia, nunca con menos. Pero claro, mayoritariamente la casta de representantes piensa que esto sería en desmedro de todos sus privilegios beneficios y ventajas. Razón por la cual, el sistema tal como está hoy, no se discute. “Para qué lo vamos a discutir si así estamos bien”. ¿Estamos bien?, ¿quiénes?, los representantes, el pueblo no tanto. Porque suele ocurrir que esta representación no es obligatoria, pareciera que no hay ley que la obligara.

 

Ante la pregunta de ¿qué es la democracia?, pueden surgir varias respuestas. ¿La dictadura de los democráticos?, ¿la dictadura de las mayorías?; ¿el ejercicio del gobierno por parte de los representantes? Porque en este sistema son, indudablemente, los únicos que pueden hacer uso y ejercicio de los beneficios que otorga la democracia. Una vez que se votó a un representante, pareciera que en ese momento se corta la conexión entre pueblo y representantes, y el representante, sin tener contacto con el pueblo, comienza no sólo a hablar por el pueblo sino que comienza además a decidir por el pueblo. Pero decide de acuerdo a su propio criterio, y las más de las veces, por su criterio y conveniencia. No por el criterio que sea el reflejo del mandato otorgado por el pueblo. Muchas veces, a través del voto, ese mandato no queda claro. Tal vez, las boletas de los votos deberían contener otras consideraciones, a través de las cuales establecer ese mandato. Pero como eso es bastante dificultoso y por lo tanto impracticable, ahí es donde toma, de alguna manera, relevancia el tiempo de las campañas. ¿Por qué?, porque ahí se invierte la dirección del mensaje mandante. En las campañas, cada candidato le va contando al pueblo en qué se va a beneficiar ese pueblo si él es elegido como representante. Y después, una vez que lo votaron, es donde se corta el contacto con el pueblo y los representantes del pueblo ya electos hacen cualquier cosa menos lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, ya que es imposible que cada votante le escriba una carta a cada candidato elegido para entregar junto al voto, esto se invierte y el votante elije el discurso más parecido a su deseo y voluntad, y eso es lo que vota, o debería votar. O sea que, en definitiva, lo que más se parece a un mandato es el discurso, las promesas, del candidato convertidas así en obligación y mandato. Pero como no hay ley que obligue a los candidatos electos devenidos en funcionarios públicos, a cumplir todo lo que dijo en campaña, y obligarlo a no sacar los pies del plato de esas promesas, el candidato te puede prometer cualquier cosa y hasta estafarte impunemente, llegando al absurdo de, posteriormente, declarar “si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie”. En nuestra historia ya ha sucedido esto más de una vez. ¿Dónde está en esto la representación?, ¿dónde queda la soberanía del pueblo? Esto es lisa y llanamente una estafa, una tomada de pelo monumental. Un acto inconstitucional, un acto de ilegitimidad que debería anular de por sí el hecho de haber sido elegido. Pero esta es una anomalía naturalizada por el uso y la costumbre. Si un candidato es elegido por lo que prometió (¿por qué otra cosa podría ser elegido?) y no hace nada de lo que se había comprometido, está bastardeando la voluntad electoral, el mandato popular, y está dando por tierra con su soberanía.

Entonces es ahí donde la práctica democrática deja mucho que desear. Deja tanto que desear que hay sectores políticos que no creen en la democracia, cuando en realidad lo que deberían decir es que no creen en los hombres. Porque la democracia, en todo caso, es una idea, es un objetivo a alcanzar. No tiene voluntad por sí misma. La democracia no es tramposa, no te engaña; los que te hacen trampa son los que actúan en nombre de la democracia para colocarse en esos lugares en beneficio propio. No encuentro un sistema mejor que el que plantea la democracia. Pero para que la democracia exista es imprescindible que el pueblo, el soberano, el ciudadano, tenga dos cosas: formación política, sepa de qué se trata la cosa; y además, tenga compromiso con la cosa pública, que es lo que le da la categoría de ciudadano, sino es un simple habitante. Si no tiene participación, si no tiene compromiso, si no tiene interés en la cosa pública, el ciudadano se transforma en un simple habitante. Y si hay algo que quieren (y trabajan para ello) los vivillos que se enquistan en la función pública como representantes del pueblo, son simples habitantes. No quieren ciudadanos que cuestionen cada una de las cosas que hacen y no hacen, y les reclamen permanentemente por la ilegitimidad a través de la que se han instalado en esos cargos de Poder. No podemos poner en duda la democracia. Es mejorable, es perfectible, pero no conozco un sistema, una herramienta organizacional, que ésta. Pero claro, hay una necesidad. Que el pueblo esté comprometido con la cosa pública, y para adquirir ese compromiso debe contar con una formación política. Y cuando decimos formación política no nos referimos a una formación partidaria. Lo político tiene que ver con la manera de relacionarnos públicamente y organizarnos para determinar objetivos en común y realizarlos. Si solamente nos miramos el ombligo y nos reservamos para adentro, y rompemos todo lazo y empatía con los que nos rodea, obviamente nos van a pasar por arriba, porque si no nos ocupamos de la política, sin ninguna duda la política se va a ocupar de nosotros, tal como sucede hoy.

En concreto, para que la democracia sea tal, lo primero que es necesario es que los pobladores que habitan el suelo de la Nación entiendan que se tienen que convertir en ciudadanos. Dicho de otro modo, de ser meros objetos de una estadística en la historia de otros, se tienen que convertir en sujetos activos y creadores de su propia historia.

 

Cómo mejorar el sistema.

 

En este marco, la representatividad de la que tanto se habla y tan poco se practica, deja mucho que desear. Es común escuchar a los representantes con voz destemplada justificarse diciendo “¡ah!, pero a mí me votó la gente” sin tener en cuenta que no está haciendo lo que la gente esperaba y que había dicho que iba a hacer. Cuando llega el voto y la gente elije, no es un cheque en blanco. Es un mandato, genera una obligación. Y los representantes no cumplen con esa obligación. Algunos no cumplen por acción. Los que hacen todo lo contrario de lo que se esperaba de ellos, incluso llegando a pichetear su función. Y los que no cumplen con la representación por omisión. Los que lo único que hacen es levantar la mano cuando se lo indican, y cobrar por eso. Y cobrar por no hacer nada es uno de los primeros actos de corrupción en la función pública de origen electoral. Ejemplos de esto, lamentablemente, hay a montones.

Entonces reiteramos: por mandato de la Constitución el pueblo tiene que elegir a quienes los van a representar, o deberían representarlos, tarea rentada, y sin embargo ninguna de esas características pareciera que obliga a los representantes a cumplir con su función. Te obliga a tener representantes, pero no pone condicionamientos y obligaciones a los representantes. No hay leyes que lo hagan. Está claro, y hasta se ha naturalizado, la posibilidad de que los candidatos te mientan y después hagan cualquier cosa menos lo que deben hacer. Y eso es una estafa. Entonces lo que está fallando, y tenemos que revisar, no es la democracia sino la representación.

Se ha creado una casta de políticos que trabajan de funcionarios, y se mantiene durante años y años convirtiendo esto en su modo de vida, creando compartimientos estancos alrededor de la función pública, espacios muy cerrados que se llaman partidos políticos, al que no permiten el acceso, y obviamente fomentan todo lo que pueden la ignorancia del pueblo en lo que hace a la cosa pública. Porque de esa manera mantienen su status quo, llegando al absurdo de decir “ustedes no se preocupen, participen, voten, mientras nosotros nos desangramos en la conducción” … sí sí, morondangas; y tenemos infinidades de estos morondangas que no representan más que sus propios intereses y de ninguna manera los del pueblo soberano. Y al no hacerlo pierden total legitimidad. No hay quien los saque de sus cargos, a los que están atornillados, pero, más allá de lo legal es fundamental en la representación y en el ejercicio de la democracia la legitimidad. Y esa legitimidad se quiebra permanentemente por parte de los que se dicen representantes por haber sido votados. Se dicen representantes argumentando que fueron votados, no se dicen representantes porque pueden esgrimir que defienden los intereses del pueblo, ni que su tarea beneficia al pueblo. Tienen cincuenta argumentos para justificarse, pero ninguno los justifica. Lo utilizan porque simplemente son cara de piedra.

 

¿Cómo podría ser mejor otorgando mayor validez al voto y el ciudadano podría manifestar mucho mejor su voluntad electoral para sentirse realmente representado por los concejales que van a integrar el HCD, o los diputados que van a integrar la HCD provincial, o los diputados que irán al Congreso de la Nación? En lugar de utilizar este sistema de listas que sólo es avalada si los integrantes son parte de un partido político, y que los avales nunca se juntan para cada uno de los concejales o para cada uno de los candidatos, sino que te tiran la planilla para sumar firmas y después se completan con lo que los capangas quieren. Debería hacerse, en lo que hace a la elección de los representantes directos del pueblo, concejales, diputados provinciales, y diputados nacionales, por fuera del ámbito de los partidos políticos.

Comencemos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en cada localidad, para el caso de los concejales. Todo vecino que cumple con los requisitos para poder ser concejal, y que tiene una determinada vida activa social que dé contexto a una candidatura, debería poder registrarse como candidato con el aval de una equis cantidad de vecinos que le firmen ese aval individual como beneplácito y aceptación de que ese vecino se presente como candidato. Hoy los avales que se piden son un porcentaje establecido de acuerdo a la cantidad de afiliados de un partido (a veces); cien, doscientos avales. Otros ciudadanos se pueden presentar también y presentar también su lista de avales porque hay ciudadanos que lo apoyan, sin importar si se repiten los ciudadanos que dan su aval, porque en definitiva cada elector está eligiendo un concejo deliberante en su totalidad. Cada ciudadano estará eligiendo cinco concejales (o siete en el caso de la ciudad capital) que lo van a representar de entre todos los candidatos. Se está eligiendo representantes. A cada elector lo representa el candidato, no lo representa el partido. Porque a mayoría, la gran mayoría de los ciudadanos no están afiliados a ningún partido, pero sin embargo te obligan a votar por un partido, como si la democracia fuera para los partidos y no para los ciudadanos.

Tendría que abrirse, un año antes de las elecciones, un registro de postulantes a candidatos, que junten los avales y el apoyo de determinada cantidad de vecinos. Entonces, cuando llega el momento de la elección de todos esos candidatos que se presentan porque están convencidos que pueden representar al pueblo por fuera de los partidos políticos, cada ciudadano, como elector, pone en una boleta los cinco nombres que quiere que lo representen en el HCD. No importa de qué extracción política sean, o si pertenecen a un partido político, o a otro o a ninguno. Es un vecino que se expone a la elección del pueblo para ser elegido como representante del pueblo. Y como ciudadanos queremos tener el Poder de poder elegir a los cinco candidatos que pensamos nos van a representar mejor.

Una vez que todo el mundo votó, se cuenta boleta por boleta, se vuelcan los nombres de cada boleta en un pizarrón, y los cinco primeros que sacaron más votos son los que integrarán el HCD, y los subsiguientes son lo que integraran por orden de cantidad de votos, la lista de reemplazos en caso de que este sea necesario. Todo esto, por fuera de los partidos políticos. Porque los concejales, los diputados provinciales y los nacionales, deben representar en forma directa los intereses del pueblo, no de los partidos políticos. Porque el que otorga el mandato es el pueblo, no los partidos políticos, no los dueños de los sellos. Hoy ocurre que el candidato a intendente le hace el favor de incluir en la lista a sus “pollos” y por haberlos incluido en la lista de concejales, le tienen que responder; son “los concejales del intendente”. Ahí se desvirtúa, ahí se bastardea la representatividad y la mismísima democracia.

¿Qué nos impide aplicar este formato de voto en lo que hace a los representantes directos del pueblo? Estamos hablando nada más que de concejales, diputados provinciales, y diputados nacionales. Todos estos deberían poder elegirse de esta manera.

 

Si se establece el voto de esa manera, por ejemplo, para elegir los cinco concejales, los cinco que lleguen lo harán de manera legítima porque fueron votados ellos por la gente, no colgados de una lista a la que vaya a saber uno cómo han llegado a integrar. Porque en una de esas de una lista me gusta el primero o uno cualquiera, pero del resto sé que carece de compromiso con la función y la representación y que lo mueven otros intereses. Y así con cada lista de cada partido.

Los que deberían tomar la decisión legal de modificar las leyes para otorgarle al voto ese Poder, te van a decir que no, porque sería complicado y complejo un método electivo de esas características. Y preguntamos entonces, ¿no es excesivamente importante en nuestra democracia el hecho de elegir a nuestros representantes como para no detenernos en una supuesta complicación en una supuesta complejidad? ¿Cuál es el apuro para resolver una elección, como para no contar los votos uno por uno? ¿Cuál es el apuro si lo que se está decidiendo es importantísimo y fundamental para los próximos cuatro años del ciudadano, que va a condicionar la vida de todos? ¿Cuál es el apuro para resolverlo? No importa si hay que estar dos días o una semana contando los votos, y después dos días más revisándolo para saber cuál es el resultado final. Porque el tema es importante, el tema es fundamental, el tema es básico para mejorar nuestra vida democrática.

Tenemos que cambiar el sentido del voto. Tenemos que otorgarle al voto el verdadero valor de mandato. Y para eso es fundamental que, al elegir a los representantes directos del pueblo, esa elección, esa posibilidad se brinde por afuera de los partidos políticos. En todo caso, que el trabajo de los partidos políticos sirva para formar ciudadanos, vecinos, cuadros políticos que después en una elección se la vayan a jugar solitos, de pecho, en la contienda electoral para representar al pueblo. Dale formación política, no los amontones en una lista de favor porque te van a responder a vos. Hay que terminar con esas trampas si realmente queremos tener democracia en serio. Y para comenzar a tener democracia en serio es absolutamente necesario darles el verdadero valor a las herramientas de la democracia y de la práctica política, y fundamentalmente las herramientas para manifestar y plasmar la voluntad electoral del pueblo.

Sí queda dentro del ámbito de los partidos políticos la elección de los senadores, porque no representan directamente al pueblo, sino que representan estructuras de la República como lo son las provincias. Y la representación de los intereses de una provincia tiene que ir en consonancia con un programa político propuesto para la administración de esa provincia. De la misma manera que, dentro de los partidos políticos, por una cuestión muchísimo más institucional, debe ir la elección y la definición de quienes van a ocupar los cargos Ejecutivos. El intendente, el gobernador, el presidente de la Nación. Que en definitiva son los que van a detentar la administración de la Cosa Pública en sus distintos estamentos, de acuerdo a la base ideológica propia de cada partido, con la que se diseñarán las Políticas Públicas en base a las cuales se desempeñará el gobierno. Aparte, porque aquel que va a gobernar necesita un equipo de trabajo para Poder llevar adelante la administración del municipio, de la provincia o del Estado Nacional. Y el partido político es, o debería ser, el ámbito de construcción de los cuadros técnicos y políticos para poder llevar adelante este compromiso. Pero en lo que hace a los representantes directos del pueblo, a los que hablan en nombre del pueblo y deciden en su nombre, deberían surgir por fuera de los partidos políticos y por dentro de las comunidades, y no al revés, como es hoy. Por dentro del reducido ámbito de los partidos, y por fuera del gran ámbito que contiene a todos como lo son las comunidades. No tenemos por qué elegir listas pre armadas de concejales. No tenemos por qué elegir listas pre armadas de diputados provinciales, o nacionales. Deberíamos poder elegir a cada uno de ellos, y los que más votos tengan serán los que estarán representando al pueblo en serio y no porque iban colgados del saco o las tetas de algune, o porque tenían el apoyo explícito de algún grupo económico.

Si no logramos estos mecanismos, si no logramos darle al voto el verdadero valor que debe tener como ejercicio soberano del pueblo, seguiremos entrampados, nos seguiremos mintiendo, y seguiremos sosteniendo una clase política integrante de una elite que tiene y sostiene intereses muy por encima del pueblo. No porque sean intereses superiores a los del pueblo, sino porque ellos mismos se colocan en su mezquindad y ceguera, por encima del pueblo. En algunos casos, hasta llegando a despreciar al mismísimo pueblo, que es, en definitiva, la fuente del Poder que detentan.

 

A modo de miscelánea, sólo quería recordar que en la antigua Roma estaba establecida institucionalmente la figura del Tribuno de la plebe (tribuni plebis), quien detentaba el poder de intercessio, poder de veto sobre los magistrados, con la única finalidad de vetar las arbitrariedades de los magistrados toda vez que sus decisiones podrían perjudicar al pueblo.

 

A modo de Estrategia

 

Ahora bien, intentar modificar el sistema electoral de los representantes directos del pueblo, comenzando por los concejales de las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, debería ser tomado como un intento real y factible; que se puede lograr después de vencer las reticencias a cambiar lo que ya está establecido. Pero más allá de este objetivo de máxima, tenemos un objetivo de mínima que es el de instalar en la sociedad santacruceña la necesidad de realizar una fuerte reforma política frente a la crisis de representatividad, y frente a la defección de los partidos políticos. Defección que ha tenido como consecuencia directa el desprestigio de la práctica política en el seno de esta misma sociedad. Recuperar el valor de la política como única herramienta con que cuenta el pueblo para transformar la realidad presente para convertirla en futuro deseable.

A tal fin, deberíamos contar con al menos un GPS en cada localidad y comenzar en conjunto a realizar el lento pero constante trabajo de zapa hasta lograr que el tema prenda en la sociedad hasta alcanzar una masa crítica que comience a hacerse sentir. O sea, militar la idea. El trabajo en los medios es muy importante.

No es una locura ni una utopía. En Santa Cruz tenemos antecedentes en cuanto a estos cambios. Hasta el año 2015, los presidentes de las Comisiones de Fomento de la provincia, eran designado por el gobernador provincial. Desde una iniciativa expuesta en Lago Posadas, dos diputados provinciales presentaron un proyecto de ley que modificaba la Ley 55, orgánica de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que a partir de octubre 2015, toda comisión de fomento que contara con 200 habitantes como mínimo, podrían elegir al presidente de la comisión. No era la primera vez que se trataba el tema, y el argumento en contra era siempre el mismo: son muy pocos habitantes como para elegir. Sin tener en cuenta que hasta ese momento, el presidente de la comisión era elegido por un solo tipo, el gobernador.

En este sentido, pienso que deberíamos ponernos el objetivo de mínima de lograr que los concejales sean elegidos por fuera de los partidos. A tal fin, deberíamos plantear esto, sin dejar de hablar en cuanto a una reforma política que incluya la derogación de la ley de Lemas; la discusión de la existencia de los diputados por pueblo; y la implementación, en todos los ámbitos, del mecanismo de Revocatoria de Mandatos. Pienso que de todos estos temas el que menos va a preocupar a los legisladores provinciales es la forma que tenga el voto de los concejales. Pedir mucho para lograr lo que queremos (que en definitiva no es todo, al menos por ahora).

Por último, la modificación del sistema electoral de los concejales se puede lograr de dos maneras: dictando cada municipio su propia Carta Orgánica, en la que establecer su propio sistema electoral en el ámbito comunal; o a través de una iniciativa desde la Cámara de diputados provinciales, para introducir esta modificación en la Ley 55, Orgánica de Municipios y Comisiones de Fomento.