No podremos ni debemos
olvidar esta fecha: 2 de febrero de 2024.
Día, mes y año en que la
Cámara Baja del Congreso de la Nación inició con su voto su propia disolución
bajo el falaz pretexto de dar gobernabilidad a un Ejecutivo nacional que ha
dado, en menos de dos meses de gobierno, incontrastables muestras de ilegitimidad.
A los que se han sumado gobernadores cediendo a las “presiones” y carpetazos de
quien los llamó coimeros, luego los coimeó y extorsionó, traicionando la
representación popular.
144 diputados nacionales que
deciden delegar sus funciones y atribuciones al presidente de la Nación sin
mediar ninguna situación extrema que lo justifique (como lo exige la
Constitución Nacional) exponiendo de esta manera su inutilidad para cumplir con
su obligación republicana de representar a un Pueblo que no puede gobernar ni
deliberar salvo a través éstos mismos. Tal reconocimiento de inutilidad sólo
ameritaría la renuncia de todos los diputados que han votado en contra del
Pueblo Argentino.
Pueblo que fue, es y será
salvajemente reprimido por las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina, Policía Federal) actuando como un ejército de
ocupación al mejor estilo de las SS (SchutzStaffel) del nazismo entrenados en ataque
a multitudes por las fuerzas de represión israelíes. Actuando sobre hombres y
mujeres de todas las edades que sólo reclaman por sus derechos. Derechos que
han costado miles de vidas obtener, y que está cobrando su precio en sangre
defender.
Si esta claudicación
prospera en la votación en particular del articulado de esta Ley Ómnibus (que
requeriría mayorías absolutas para su aprobación dado que representa lisa y
llanamente una reforma no sólo constitucional, sino institucional) dando media sanción
a la norma para apurarla luego en el Senado, estarán reinstaurando el
virreinato en la que ya no será una República Argentina, sometiéndonos a la
entrega de todos nuestros recursos naturales, nuestro territorio, y hasta
nuestra propia voluntad a intereses corporativos supra nacionales; sometiendo
mayoritariamente al Pueblo Argentino a la esclavitud, sin Soberanía, sin
Libertad y sin Justicia.
El pueblo de Santa Cruz debe
comprender que la provincia y la Patria están en peligro. La sombra del saqueo
sobre nuestras recursos se extiende cada vez con más fuerza augurando tiempos
inmediatos de abandono, frustración y sufrimiento.
Abandono por parte de
aquellos que ganaron la confianza y el voto de los ciudadanos prometiendo una
Santa Cruz mejor, para luego erigirse en cómplices de esta anomalía nacional,
apoyando claramente, como lo hizo el diputado provincial José Luis Garrido votando
junto a la diputada Roxana Reyes AFIRMATIVAMENTE por la aprobación en general
de la inconstitucional Ley Ómnibus. O poniendo de manifiesto una vez más la
ambigüedad del gobernador Claudio Vidal y su espacio político SER, con el voto
NEGATIVO del diputado provincial Sergio Acevedo, quien parece utilizar alguna
rémora de sus raíces peronistas al coincidir en ésta con los legisladores
provinciales Ana María Ianni y Gustavo González.
Desde el Consejo Provincial
del Partido Justicialista de Santa Cruz, rechazamos una vez más el proyecto de
Ley Ómnibus, con la misma fuerza y sentido que repudiamos a todos los
integrantes de la Cámara Baja que con su voto y falta de responsabilidad
republicana están entregando la Nación y con ella al Pueblo Argentino a su
sometimiento. Como se repudia a todo infame traidor a la Patria.
Al asumir sus funciones
juraron “cumplir y, en todo lo que de sí dependa, hacer cumplir la Constitución
Nacional”, esa misma que flagrantemente están violando con represión y
algarabía.
Estamos convencidos, por
decisión histórica, que nadie que sea argentino, puede mantenerse al margen de
esta realidad y actuar con el compromiso que el momento nos demanda.
Por esta razón, exigimos a
cada funcionario electo de la provincia de Santa Cruz (gobernador, diputados
provinciales, intendentes, concejales y presidentes de Comisiones de Fomento)
justicialistas o no, fijar una posición clara, sin ambigüedades, a través de su
exposición pública, defendiendo los intereses de la provincia y el Pueblo de
Santa Cruz de la rapiña que propone el gobierno nacional. No es tiempo para
tibios, no es el momento de los indiferentes. Es momento de comprender que la
ciudadanía, junto con su voto, les entregó un mandato para defender los
intereses del Pueblo; y si dudan o temen no estar a la altura de su
representación, sólo serán un escollo, una molestia vergonzosa.
Una vez más, decimos NO a la
entrega de la Patria exigiendo ser oídos.
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